Aunque para el hispanista Paul Preston: “No es de extrañar que el rey, después de pasar el verano inquieto se alegrara por un golpe de Estado que ponía fin al proceso judicial”; proceso en el que se debía juzgar la responsabilidad de los jefes militares en el desastre de Annual, en el que murieron cerca de quince mil soldados españoles. Desde ese mismo día se decretó, en todo el territorio nacional, el Estado de Guerra.
Las libertades sociales y la existencia de partidos políticos no suelen ser del agrado de dictadores, Primo de Rivera, también los suprimió y creo un partido único, que se denominó Unión Patriótica. Todas estas cuestiones básicas en la sociedad, produjeron un enfrentamiento del gobierno con los intelectuales; muestra de ello fue el ordenamiento, por parte del Gobierno, del embargo de los bienes del escritor Vicente Blasco Ibáñez, conocido republicano, después de que este publicara, en París, un librito contra la monarquía y Alfonso XIII, en el que acusa de apoyar la dictadura de Primo de Rivera y de estar incurso en negocios económicos irregulares.
Las autoridades intentaron censurar y confiscar el escrito, con lo que el escándalo no hizo sino crecer y el contenido del folleto fue cada vez más conocido. Y aunque el Rey desistió, a fines de enero de 1925, de seguir con la demanda, los tribunales continuaron publicando requisitorias a medida que aparecía cada ejemplar de España con Honra. En marzo de 1925 el Juzgado del distrito de la Universidad de Madrid, hacía pública en la Gaceta sendas requisitorias contra Blasco, Unamuno y Ortega, acusándolos del delito de “lesa majestad, atentado contra la forma de gobierno e inducción a la rebelión”.
